Conocemos como delitos contra la Administración Pública, aquellas conductas delictivas que llevan a cabo tanto las autoridades como los funcionarios públicos.
Estamos ante un tipo de delito que se considera especial y, a su vez, el bien jurídico que se protege es la administración pública.
En caso de que tengas cualquier duda relacionada con los delitos contra la Administración Pública, te instamos a contactar con nosotros y te resolveremos todas las dudas que puedas tener.
Además, en nuestro Despacho de abogados ponemos a tu disposición nuestra experiencia y profesionalidad a la hora de defender tus intereses.
En Quiroga Sánchez no solamente estamos especializados en los delitos contra la Administración Pública, sino que contamos con profesionales experimentados en cualquier área y que te ayudarán en cualquier situación.
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¿Cuáles son los delitos contra la Administración Pública?
Una de las dudas más comunes es conocer cuáles son las acciones constitutivas como delito contra la Administración Pública y, en este sentido, es conveniente aclarar que estamos ante un tipo de delito que está regulado entre los artículos 404 y 445 del Código Penal.
A continuación, conoceremos algunos de los ejemplos de delitos contra la Administración Pública más comunes:
Delito de prevaricación
Se considera como delito de prevaricación cuando una autoridad o funcionario público dicta una resolución injustificada y que tiene relación con un asunto administrativo.
Para que esta situación sea considerada como delito, es indispensable que el autor tenga consciencia de que el acto es injusto, de modo que quedarán excluidos aquellos casos en los que se cometa un error por ignorancia.
En cuanto a las penas impuestas por un delito de prevaricación, hay que destacar la inhabilitación del cargo o empleo público durante un espacio que oscilará entre los 9 y los 15 años.
Delito de cohecho
Otro interesante ejemplo de delito contra la Administración Pública es el cohecho, considerado como uno de los delitos más graves que puede cometer una autoridad o un funcionario público. El delito de cohecho, por su parte, está regulado entre los artículos 419 y 427 del Código Penal.
Podemos definir el cohecho como la entrega de un soborno con el objetivo de corromper a alguien y obtener un favor en contraprestación. Por norma general, este delito se traduce en la entrega de dinero o regalos a un funcionario público para que omita una acción.
Un aspecto importante que debemos aclarar es que, para que exista un delito de cohecho, tiene que producirse esta situación entre un particular y un funcionario público.
Como ya hemos adelantado, el delito de cohecho está considerado como un delito grave y será castigado con penas de prisión y sanciones económicas.
En último lugar, resaltaremos acerca del delito de cohecho, que no solamente puede ser cometido por un funcionario público, sino que también incluye a cualquier persona que trabaje dentro de la Administración Pública.
El castigo para el delito de cohecho es la pena de prisión de tres a seis años, así como también se aplicará una sanción económica de 12 a 24 meses y la inhabilitación para ejercer un cargo público.
Delito de desobediencia
Definiremos como delito de desobediencia aquella situación en la que un funcionario público se niega a cumplir con órdenes, resoluciones judiciales o decisiones, que hayan sido dictadas para una autoridad competente.
El delito de desobediencia está regulado en los artículos 410 y 411 del Código Penal. El castigo por este delito incluye la inhabilitación para ejercer el cargo o empleo público, durante un espacio de tiempo que oscilará entre los seis meses y los dos años. Además, se enfrentará a una sanción económica de entre tres y doce meses.
Delito de denegación de auxilio
Continuamos este listado de ejemplos de delitos contra la Administración Pública y es momento de mencionar la denegación de auxilio como otro de los delitos que están tipificados en el Código Penal.
Entendemos como delito de negación de auxilio cuando un funcionario público no presta el auxilio requerido por una autoridad competente, a la hora de administrar la Justicia o cualquier otro servicio público.
El delito de denegación de auxilio será castigado con la suspensión del empleo o cargo público durante un espacio de tiempo que oscilará entre los seis meses y los dos años. Asimismo, hay que añadir que este delito también será castigado como una multa de entre tres y doce meses.
Delito de violación de secretos
Otro ejemplo habitual que encontramos dentro de los delitos contra la Administración Pública, es el delito de violación de secretos, es decir, la acción de revelar información que solamente un funcionario público conoce por su cargo o empleo.
El delito de violación de secretos es una conducta delictiva que está recogida en el artículo 417 del Código Penal e implica una sanción económica que oscila entre los 12 y los 18 meses, además de que se dictaminará la inhabilitación del cargo durante un espacio de uno a tres años.
Por otra parte, es importante recalcar que, en caso de que la conducta ocasione daños para terceras personas o para la causa pública, el castigo será de pena de prisión de uno a tres años y la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público en un espacio de tiempo que podrá ser de hasta 5 años.
Tal y como podemos ver, son muchos y variados los delitos que están relacionados con la Administración Pública, siendo importante contar con la ayuda y el asesoramiento de profesionales cualificados y experimentados en esta área del derecho.
En Quiroga Sánchez nos ponemos a tu entera disposición para conocer tu situación y ofrecerte un plan de acción que encaje con tus necesidades. Puedes contactar con nosotros sin ningún compromiso y te explicaremos todo lo que podemos hacer por ti.
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